El Gobierno blinda al taxi frente al VTC

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley en Consejo de Ministros en el que incluye reforzar el servicio del taxi frente a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). Esta decisión se toma tras la sentencia europea que tumbó hace unas semanas la actual limitación estatal de una licencia de VTC por cada 30 taxis. 

Con la amenaza de manifestaciones masivas de los taxistas previas a las elecciones generales como telón de fondo, el Ejecutivo introduce modificaciones en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para evitar que se produzca una oleada de concesiones de licencias de empresas como Uber, Cabify o Bolt y con la intención de garantizar la convivencia de ambos tipos de transporte.

Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, señaló las principales novedades de la normativa el pasado 27 de junio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo de la ley, indicó, es adaptar el régimen jurídico de los VTC a la nueva jurisprudencia europea. 

Para ello, el Gobierno introduce en la LOTT nuevas exigencias respecto a la titularidad del vehículo, el medio ambiente y la gestión del tráfico, reconoce al taxi como un “servicio de interés público” y otorga nuevas herramientas a los municipios para limitar las autorizaciones de VTC.

El decreto-ley permite a las comunidades autónomas rechazar licencias de VTC pendientes de autorización

Entre las modificaciones que introduce el real decreto-ley en la LOTT se incluyen unas “disposiciones transitorias” que señalan que en todos los procedimientos sobre autorizaciones VTC pendientes de otorgamiento, a la entrada en vigor de esta norma, se aplicarán los criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previstos en la misma. Si no los cumplen, la norma otorga potestad a las comunidades autónomas para rechazarlas. 

En la práctica, muchas de estas licencias VTC habrían sido rechazadas en base a la limitación estatal 1/30. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró esta proporción contraria al derecho europeo, volvían a estar legitimadas. Las medidas incluidas en la norma para facilitar el tránsito al nuevo régimen jurídico impiden, por tanto, que se produzca una oleada de concesiones de VTC tras la sentencia europea.

“Ante el previsible alud de autorizaciones VTC que tendrían que concederse tras desaparecer el límite cuantitativo del 1/30, el Gobierno establece ahora unas condiciones sobrevenidas al momento de la solicitud (que no estaban vigentes antes) para tratar de limitarlas”, analiza Marc Tarrés, doctor en Derecho experto en transporte y movilidad urbana de la Universidad de Barcelona, en declaraciones a Newtral.es.

De esta forma, estos requisitos del Gobierno solo afectarán a los VTC y no se aplicarán al taxi. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informan a Newtral.es que el Tribunal Constitucional decretó en una sentencia que el Estado no puede regular al taxi y por eso se eliminó de la LOTT todo lo relativo al taxi. “Las licencias de taxi son locales y la regulación del taxi es autonómica”, indican fuentes del Ministerio.

Nuevos requisitos para otorgar licencias de VTC a partir de este 29 de junio

Hasta aquí los requisitos que establece el Gobierno para las licencias de VTC pendientes de ser otorgadas, que no aplican al taxi. A partir de la entrada en vigor de la norma, este jueves 29 de junio según indica el Boletín Oficial del Estado, las empresas de VTC que soliciten nuevas licencias para sus conductores deberán cumplir ciertos requisitos. 

La norma establece que la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, se superan unos umbrales de dióxido de nitrógeno y otros contaminantes regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización, conforme a lo establecido en el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, el Gobierno permite a las comunidades autónomas establecer sus propios criterios para conceder o no las autorizaciones que se domicilien en su territorio en el marco de lo previsto en el Derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El Gobierno declara al taxi “servicio de interés público” 

Para terminar de «blindar» al taxi frente al VTC, el Gobierno declara el transporte de viajeros en taxi como “servicio de interés público”. Lo justifica por “la naturaleza de la actividad que desempeña, que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio”.

Esta declaración expresa del taxi como transporte público es el argumento que utiliza el Ejecutivo para justificar que estos vehículos no tengan que cumplir con los criterios de protección de medio ambiente y de gestión del tráfico que sí exigen a los VTC. Sin embargo, para Tarrés, no se justifica de forma apropiada esta nueva consideración hacia el taxi. “Una mera declaración de servicio de interés público no es acorde con el derecho europeo y no justifica que se pueda establecer una discriminación como la que recoge este nuevo decreto que impone condiciones a las VTC pero no al taxi”, indica. 

Además, para el experto, la norma del Gobierno choca con la sentencia del TJUE que determinó que garantizar la viabilidad económica de la industria del taxi “no puede constituir una razón imperiosa de interés general” que justifique una restricción a la libertad de establecimiento de los VTC. Así lo afirma Tarrés. “Con estas modificaciones el Gobierno trata de poner obstáculos a las licencias de VTC frente al taxi, lo que no va en línea con la doctrina de la Comisión Europea”. 

De esta forma, las principales patronales del sector, Feneval y Unauto-VTC, consideran que esta normativa “contraviene” la sentencia europea y han anunciado que pedirán a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra el Gobierno. Según recoge la Agencia Europa Press, estas empresas consideran que los nuevos requisitos son “discriminatorios y desproporcionados” y no están destinados a proteger el interés general sino la “viabilidad económica del sector del taxi”.