El Gobierno oculta como evalúa sus medidas contra la corrupción

El Gobierno ha interpuesto un recurso, ante los Juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, contra una resolución del Consejo de Transparencia, donde se le obligaba a publicar el cuestionario con el que autoevalúa ante la ONU sus medidas contra la corrupción. 

Este cuestionario, además de otra información, fue solicitada por la organización pro-transparencia Acces Info. El Gobierno no publica estos documentos por “confidencialidad” y afirman que los publicaran más adelante, una vez se haya evaluado a España.

• Estas listas de verificación de autoevaluación, que solicita Access Info, son cuestionarios que sirven para que cada país se autoevalúe, y presente ante la CNUCC, cómo está aplicando medidas contra la corrupción, que han sido acordadas previamente en el seno de este tratado bilateral.

En concreto, la entidad solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una copia “de las listas de verificación de autoevaluación de España creadas en el marco del primer y segundo ciclo del examen de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)”.

La Convención es un instrumento de derecho internacional vinculante. Quiere decir que los países que la ratifican están obligados a implementar sus disposiciones contra la corrupción. Esta convención establece un mecanismo de seguimiento para evaluar el progreso de los países implementando las medidas. Dentro de este mecanismo se hallan los cuestionarios que el Gobierno no quiere hacer públicos y que solicita Acces Info.

Este año representantes de la Convención de la ONU contra la Corrupción visitaron España para evaluarla

Esta negativa adquiere mayor relevancia este año, ya que en mayo una delegación de la convención contra la corrupción, formada por representantes de dos de los países miembros –Irlanda y Chile– y funcionarios de la Secretaría de la convención, visitaron España durante una semana para evaluar las medidas contra la corrupción que está aplicando España.

Para estas evaluaciones, los representantes de la convención mantuvieron entrevistas con los Ministerios de Justicia, Hacienda y Función Pública, Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital, según adelantó The Diplomat y pudo confirmar Newtral.

También mantuvieron reuniones con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil como Access Info.

La información que niega el Gobierno ya la han publicado otros países como Argentina y Polonia

Este tipo de documentación ya la han hecho pública otros países como Argentina, Benin, Croacia, Chequia, Georgia, Polonia o Serbia, tal y como publica en su web La UNCAC Coalition (una asociación de más de 350 entidades sociales, entre las que se halla Acces Info, centrada en vigilar cómo los Estados implementan las medidas anticorrupción aprobadas en el tratado bilateral de la ONU).

Volviendo a la petición de Acces Info, el Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, concedió parcialmente la información solicitada (facilitando las listas de verificación de autoevaluación de España creadas en el marco del primer ciclo elaboradas en 2011. Aquí lo puedes consultar), pero denegó las del segundo ciclo, alegando que, aunque el cuestionario ya esté elaborado, el proceso de evaluación de las políticas contra la corrupción no termina hasta 2024.

El Gobierno no publica estos documentos por “confidencialidad”

En su respuesta, defienden que este mecanismo para evaluar la aplicación de medidas contra la corrupción está protegido por el principio de confidencialidad. Por lo tanto, al facilitar esta información, defienden que no solo se vulnera este principio, sino también secreto en procesos de toma de decisión, recogida en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tras recibir la negativa el año pasado, Access Info reclamó la resolución ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, exponiendo que la tesis de Exteriores es errónea, puesto que “el deber de confidencialidad lo tienen los Estados que realizan el examen, la secretaría y aquellos Estados que soliciten información sobre los Estados examinados”. Pero apuntan que “en ningún momento” esta protección de la información se aplica sobre el mismo país que es examinado. 

La Abogacía del Estado solicita que se suspenda la resolución del CTBG como medida cautelar

Desde Access Info apuntan que, al contrario, los términos de referencia del CNUCC alientan al Estado que es objeto de examen “a que ejerza su derecho soberano de publicar su respectivo informe o parte de él”, apuntan en su reclamación ante CTBG.

Ante la reclamación, el Consejo de Transparencia decidió estimar a favor la reclamación e instó al Ministerio de Exteriores a publicar esa información en un plazo de 10 días.

Es ahí cuando el Ministerio de Exteriores decide recurrir la resolución de CTBG ante los Juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo. Según la documentación judicializada a la que ha tenido acceso este medio, se detalla que la Abogacía del Estado solicitó como medida cautelar que se suspendiera la resolución del CTBG, ya que, entre otras razones, se “trata de un acto de ejecución instantánea cuya no suspensión produciría un perjuicio irreparable”.

En 2013 el Tribunal Supremo condenó en costas a Access Info por preguntar por las medidas que España tomó contra la corrupción

En 2013, el Tribunal Supremo obligó a la ONG Access Info a pagar 3.000 euros en costas judiciales por preguntar cuáles son las medidas que España está tomando para luchar contra la corrupción, según informó Vozpopuli. 

Concretamente, la ONG solicitó al ministerio de Justicia información en una batería de preguntas sobre lo que había hecho para aplicar la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de la OCDE contra el soborno, como firmante de las mismas que es. 

Nunca obtuvo respuesta y después de varios recursos y de casi cinco años, el Tribunal Supremo dictaminó en mayo de 2012 que el Ministerio de Justicia no había vulnerado el derecho a la información, y argumentaba que la información solicitada era en realidad una forma de pedir explicaciones al Gobierno y no una petición de información en sí. 

La sentencia del Supremo obligaba a Access Info a pagar 3.000 euros en costas, y para ello pusieron en marcha un crowdfunding en Change.org para ayudar a conseguir el propósito de seguir adelante con el caso.